La crisis ambiental en torno a la presa de colas de Pueblo Viejo

 

Vista de la presa a 5 km de altura

En Cotuí, la mina Pueblo Viejo —operada por Barrick y Newmont— se ha convertido en uno de los puntos más sensibles de la agenda ambiental y social de nuestra República Dominicana. A la complejidad propia de la minería de oro a gran escala, se suma la construcción y expansión de una presa de colas destinada a contener residuos de la operación. Esta infraestructura ya ha generado un fuerte debate público por sus implicaciones ambientales, sociales y territoriales.

Vista de la presa a 10 km de altura

Un análisis independiente realizado a partir de imágenes satelitales de Google Earth sugiere que el área de influencia directa de la mina y su presa de colas ya representa cerca del 0.5% del territorio nacional - la construcción como tal es de 0.01% de la superficie nacional. Aunque parece poco, esta cifra debe tomarse con cautela y quizás requiere una verificación técnica adicional, pero ofrece una idea del peso territorial de un solo proyecto extractivo sobre un país insular altamente vulnerable al cambio climático y con recursos hídricos y de suelo limitados.

Vista de la presa a 30 km de altura

¿Qué está en juego?

Lo que está en disputa no son solo tierras ni ríos.  Con esto está en juego la relación entre el país, su gente y nuestro futuro ambiental y urbano.

Por un lado, las comunidades cercanas han reportado impactos visibles: deterioro de la calidad del agua, reducción de cosechas y enfermedades que asocian con la exposición a contaminantes. Esto ya es histórico en la zona por las filtraciones que se dan de forma libre.  Entonces, la presa de colas concentra residuos con presencia potencial de cianuro y metales pesados; cualquier fuga, filtración o falla estructural podría extender aún más el daño a ríos, acuíferos y suelos agrícolas. Estos efectos permanecen en el tiempo, acumulándose en la cadena alimentaria.

Vista de la presa a 40 km de altura

A esto se suma un elemento menos visible pero igualmente crítico: la erosión del tejido social y territorial. Familias han sido desplazadas, obligadas a aceptar procesos de reasentamiento que, aunque ofrecen compensaciones, fracturan vínculos comunitarios, memoria colectiva y medios de vida. En un entorno rural con fuerte dependencia de la tierra, este quiebre abre la puerta a pobreza crónica, los desplazamientos forzados y la pérdida de identidad local.

Desde la perspectiva urbana, las implicaciones también son profundas, con un desplazamiento forzado hacia cabeceras municipales y ciudades más grandes aumenta la presión sobre vivienda, empleo y servicios básicos, produciendo fenómenos de informalidad y desigualdad urbana.  Nuestros sistemas de planificación urbana ya son frágiles y no son capaces de absorber sosteniblemente más presión. La mina, en ese sentido, reconfigura negativamente el futuro urbano de la región y del país.

Vista de la presa a 60 km de altura

Implicaciones a largo plazo

Contaminación persistente. Existe un riesgo constante de que metales pesados y químicos se filtren hacia aguas subterráneas y afecte no solo a Cotuí, sino también a cuencas aguas abajo, con efectos acumulativos para toda la producción de la zona.

Salud pública comprometida. La exposición prolongada puede traducirse en problemas renales, neurológicos y de desarrollo en niños - tal cual como se ve en las producciones Toxic Town, Dark Waters, The devil we know, Erin Brockovich, entre otras!

Tensión social y territorial. Las comunidades desplazadas y afectadas pueden entrar en conflicto abierto con las empresas. Esto erosiona la gobernanza y amplía la brecha entre Estado y ciudadanía.

Impacto urbano. El éxodo rural silencioso que generan estos proyectos se multiplica en barrios periféricos de ciudades como Cotuí, Bonao, Santiago o Santo Domingo, donde familias desplazadas llegan en busca de oportunidades. Esto contribuye al crecimiento informal, y a nuevas vulnerabilidades frente a inundaciones, tormentas y crisis climáticas.

Vista de la presa a 80 km de altura

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